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La transición hacia una movilidad sostenible se enfrenta a un obstáculo crítico que no es tecnológico ni económico, sino estrictamente infraestructural. Sin una red de recarga suficiente, accesible y rápida, el abandono definitivo de los combustibles fósiles es inviable. El mercado por sí solo avanza a ciegas, buscando la rentabilidad inmediata y olvidando la cohesión territorial.
En España, la radiografía del sector es elocuente. El país acumula cerca de 67.000 puntos de recarga públicos, pero la cifra resulta engañosa: solo se ha alcanzado el 25% del objetivo fijado para 2025, que pretendía llegar a los 91.000. Para colmo, uno de cada cuatro puntos instalados no está operativo debido a averías o a la imposibilidad técnica de conectarse a la red eléctrica. Esta precariedad se agrava con una distribución profundamente desigual: comunidades como Madrid, Cataluña y Andalucía concentran la inmensa mayoría de los cargadores, aislando por completo a la España rural.
Esta brecha geográfica no es exclusiva de Europa. En Latinoamérica, naciones como Colombia, Chile y México dan pasos valiosos, pero la ausencia de políticas públicas firmes amenaza con agrandar la desconexión entre las grandes urbes y los corredores interurbanos. Las empresas privadas instalan infraestructura donde ya hay demanda acumulada, reproduciendo desigualdades. Por ello, es imprescindible una gobernanza multinivel: los ayuntamientos deben ceder suelo y simplificar la burocracia, las autonomías planificar con equidad, y el Estado garantizar cargadores en zonas despobladas.
La movilidad limpia es un derecho socioambiental, y su infraestructura es estratégica. Como ciudadanía, podemos exigir en nuestros municipios la creación de puntos de recarga comunitarios y cooperativos. Garantizar un despliegue justo y vertebrado es la única vía para que la sostenibilidad deje de ser un privilegio urbano y se convierta en una realidad compartida.