Vincenzo Gambaretto 
EP
Vox lleva años defendiendo la transformación del Estado autonómico en un Estado unitario. En sus propias “100 medidas” habla de “un solo Gobierno y un solo Parlamento para toda España” y plantea, como paso previo, devolver al Estado competencias como Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia.
La propuesta suele venderse como una forma de “eliminar duplicidades”. Pero detrás de esa frase hay una pregunta humana: ¿qué pasaría con quienes sostienen cada día hospitales, colegios, servicios sociales, universidades y administraciones autonómicas?
Según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de enero de 2025, el sector público de las comunidades autónomas suma 1.903.241 efectivos, el 62,66% del personal público registrado en España. No son números abstractos. Son maestras, enfermeros, médicas, administrativos, trabajadoras sociales, técnicos, personal universitario y miles de familias que viven de esos empleos.
Eliminar o vaciar las autonomías no sería apretar un botón. La Constitución reconoce el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones en su artículo 2, y organiza territorialmente el Estado en municipios, provincias y comunidades autónomas en el artículo 137. Por eso una recentralización total exigiría una reforma constitucional profunda, no una simple decisión de gobierno.
El riesgo, aun así, es real. Una reorganización de ese tamaño abriría años de incertidumbre laboral, traslados forzosos, cambios de destino, conflictos competenciales y deterioro de servicios. No todos los empleos desaparecerían automáticamente, pero millones de trabajadores quedarían atrapados en una transición diseñada desde arriba.
La sanidad y la educación no funcionan desde un despacho lejano. Funcionan cerca del barrio, del centro de salud, del colegio rural, del instituto, del hospital comarcal. Centralizarlo todo en nombre de la unidad puede sonar ordenado en un mitin, pero puede volverse caos en la vida cotidiana.
La pregunta no es solo territorial. Es social. Cuando se ataca el entramado público que sostiene cuidados, aulas y hospitales, quienes primero sienten el golpe son los trabajadores públicos y quienes dependen de ellos.
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