Israel acusa sin pruebas a cinco ONG españolas de financiar a Hamás: las organizaciones denuncian una campaña de criminalización de la ayuda a Palestina
Ismael Valdenebro 
Fuente Rumbo a Gaza
Un informe del Ministerio israelí de Asuntos de la Diáspora ha reabierto la controversia internacional al señalar a cinco organizaciones españolas —Paz con Dignidad, Rumbo a Gaza, Unadikum, Al Quds y Human Appeal España— por supuestos vínculos con Hamás y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). Las ONG niegan de forma tajante las acusaciones y denuncian una estrategia de criminalización de la solidaridad con Palestina.
El documento, difundido a través de canales mediáticos internacionales, sostiene que estas entidades habrían canalizado fondos hacia organizaciones consideradas terroristas por la Unión Europea. Sin embargo, las organizaciones afectadas subrayan que no existe ninguna prueba judicial, administrativa o financiera que respalde dichas afirmaciones, ni procedimientos abiertos en España.
Las ONG interpretan el informe como parte de un patrón recurrente de Israel para vincular el trabajo humanitario con estructuras armadas, una estrategia que —recuerdan— ya se utilizó en 2021 contra varias organizaciones palestinas de derechos humanos.
El impacto del informe se ha amplificado tras su difusión en medios de comunicación internacionales, lo que las entidades consideran un riesgo directo para su seguridad y reputación. Denuncian que la repetición de acusaciones sin verificación contribuye a erosionar la legitimidad de la cooperación internacional en contextos de conflicto.
Las organizaciones implicadas insisten en que su labor se centra en la ayuda humanitaria, el desarrollo y la defensa de derechos humanos en Palestina, así como en proyectos de apoyo a comunidades vulnerables. Rechazan cualquier vínculo con financiación de grupos armados y sostienen que el objetivo de estas acusaciones es “desmovilizar y desacreditar” la solidaridad internacional.
Diversos expertos en derechos humanos advierten de una tendencia creciente a utilizar marcos antiterroristas para cuestionar la actividad de ONG en zonas de conflicto, lo que podría tener un efecto disuasorio sobre el trabajo humanitario.
Las cinco organizaciones han exigido rectificaciones públicas y alertan de que la difusión de este tipo de informes, sin respaldo judicial, puede generar un grave impacto sobre la labor de la sociedad civil internacional en Palestina.
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