Espacio Andaluz
Los incidentes del mitin de Vox en Granada vuelven a la actualidad. La Policía Nacional ha trasladado al juzgado un atestado por desórdenes públicos y atentado a la autoridad contra cinco jóvenes que participaron en la protesta contra el acto de Santiago Abascal del pasado 16 de abril. Público recoge que son los mismos delitos atribuidos a un hombre del entorno de Vox detenido tras golpear con el mástil de una bandera a un agente.
Según la denuncia presentada por Podemos ante Fiscalía y Junta Electoral, Abascal lanzó una “exhortación directa de actuación” con frases como “vamos a avanzar” y “vamos a caminar por esa calle, yo el primero”, mientras varias personas protestaban detrás de un cordón policial en una de las entradas a la plaza.
La denuncia sostiene que, tras ese llamamiento, personas del entorno del acto y del servicio de orden de Vox rompieron el cordón policial y avanzaron hacia quienes estaban concentrados. También señala el uso de porras extensibles, consideradas armas prohibidas para particulares. Granada Hoy recoge que Podemos acusa de sesgo en la investigación al dirigirse contra varias personas de la protesta, mientras denuncia que no constan actuaciones similares contra quienes habrían roto el cordón y portado armas prohibidas.
La justicia tendrá que determinar responsabilidades penales concretas. Pero la responsabilidad política es difícil de esquivar: un líder no puede calentar una plaza, llamar a avanzar contra personas situadas detrás de una barrera policial y después tratar la violencia como si hubiera aparecido sola.
En Granada no solo se investigan unos incidentes. Se discute algo más profundo: si la política puede normalizar arengas, palos de bandera y posibles porras contra quienes protestan. Y si la respuesta institucional va a mirar todos los hechos con el mismo rigor, o solo a quienes resulta más fácil señalar.