El exministro Jorge Fernández Díaz. Fuente EFE
La salud de una democracia se mide por la limpieza de sus instituciones. Sin embargo, la reciente difusión de una grabación exclusiva desvela una realidad preocupante: el uso de los aparatos del Estado para destruir la reputación de adversarios políticos mediante la fabricación de noticias falsas.
En octubre de 2014, el diario El Mundo publicó que Xavier Trias, entonces alcalde de Barcelona, mantenía una cuenta en Suiza con 12,9 millones de euros. Aunque Trias lo desmintió en 24 horas con un certificado bancario oficial: la cuenta nunca existió. Ahora sabemos quién la inventó. Un audio incorporado al sumario del caso Leire Díez revela que Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad bajo las órdenes de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior, admitió que aquella información era falsa de origen. Según el propio Martínez, el entonces ministro Fernández Díaz filtró el informe directamente a medios afines al PP —El Mundo, El Español y el comisario Villarejo— sin que fuera investigado ni judicializado. «A Jorge lo de filtrar es que le ponía», reconoció en la grabación.
La operación no fue un caso aislado. Formaba parte de una estrategia sistemática del Ministerio del Interior para desacreditar a dirigentes independentistas catalanes durante el proceso soberanista. Informes similares, repletos de acusaciones que resultaron falsas, circularon antes de las elecciones catalanas de noviembre de 2012. Trias denunció los hechos y se querelló contra Fernández Díaz, pero el Tribunal Supremo rechazó la iniciativa.
Lo que ahora queda grabado y en un sumario es la confirmación de algo que tiene nombre: guerra sucia. Policías, ministros y periodistas afines actuaron de forma coordinada para fabricar bulos desde el poder. No fue un error puntual. Fue una decisión sistemática del PP. Y esa diferencia lo cambia todo, porque la corrupción no es solo robar dinero: también es destruir reputaciones con mentiras de Estado. Una ciudadanía crítica y exigente con la transparencia pública es la única barrera real frente a este abuso. Analizar estos hechos no es abrir viejas heridas. Es la pedagogía democrática que no podemos permitirnos ignorar.