Vincenzo Gambaretto 
Fuente Aula Intercultural
La inmigración no es una amenaza: es una realidad social, económica y humana que ya forma parte de España. En un país envejecido y con baja natalidad, la llegada de personas extranjeras sostiene sectores esenciales, aporta cotizaciones y ayuda a mantener vivo el tejido laboral. Según el INE, España tenía 49,68 millones de habitantes a 1 de abril de 2026, con 7,34 millones de personas extranjeras residentes.
También el empleo lo muestra con claridad. En mayo de 2026, los trabajadores extranjeros representaban ya el 15% de la afiliación a la Seguridad Social, con 3.359.548 cotizantes. La inmigración, por tanto, no “vive del sistema”: también lo sostiene.
Ahora bien, defender la inmigración no significa negar los problemas reales de convivencia. Los barrios con menos renta suelen cargar con más presión sobre colegios, centros de salud, vivienda, transporte y servicios sociales. Pero esa tensión no la provoca la diversidad en sí misma, sino la falta de inversión pública, la precariedad y una gestión política que demasiadas veces llega tarde.
Ahí es donde la ultraderecha intenta poner la trampa: convertir un problema de recursos en una guerra entre pobres. Señalar al vecino migrante es más fácil que señalar a quienes recortan servicios, especulan con la vivienda o abandonan los barrios populares.
Integrar no es exigir que alguien borre su identidad. Integrar es construir una convivencia basada en derechos, deberes, idioma, acceso a empleo digno, mediación comunitaria y respeto mutuo. Las normas deben aplicarse a todo el mundo, sin privilegios ni castigos colectivos.
España necesita políticas migratorias humanas y ordenadas, pero también barrios con más médicos, más profesorado, más vivienda pública y más trabajo decente.
La paz social no se defiende levantando muros. Se defiende invirtiendo en comunidad.
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