Fuente CONGDEX
La esencia solidaria de Extremadura se enfrenta a un apagón histórico. La Junta de Extremadura, impulsada por la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia (dirigida por Vox), ha ejecutado un tijeretazo sin precedentes a la cooperación internacional, reduciendo sus fondos de 11 a apenas 2,7 millones de euros para 2026. Este severo recorte de casi 9 millones de euros no solo asfixia la ayuda a los países más vulnerables, sino que desmantela un modelo de justicia social y dignidad construido con orgullo durante más de tres décadas gracias al compromiso social de la comunidad.
El argumento oficial del ejecutivo regional, tachado de provocación en toda regla, se escuda en una «racionalización administrativa», llegando a calificar la ayuda exterior como una política «prescindible». Sin embargo, el impacto de esta decisión es profundamente humano y local. Desde la Coordinadora Extremeña de ONG y la asociación Soguiba advierten que este hachazo presupuestario destruirá empleo regional directo y romperá proyectos históricos de acción humanitaria, acceso a agua potable y educación que llevaban 25 años funcionando con éxito.
La Iglesia católica también ha alzado la voz con firmeza ante esta pérdida de valores solidarios. Las delegaciones de migrantes de las tres diócesis extremeñas recuerdan que la solidaridad internacional es una herramienta clave para reducir la desigualdad y evitar la migración forzosa, sentenciando que con este desmantelamiento institucional «perdemos todos». Las entidades sociales rechazan el falso dilema de tener que elegir entre los de fuera o los de aquí, denunciando que se camufla un retroceso neto en las políticas contra la pobreza globales.