Fausto 
Archivo/El Solidario. Ingreso mínimo vital.
El 55% de los hogares con derecho al Ingreso Mínimo Vital (IMV) no lo reciben. No es que no lo necesiten, la pobreza energética y los desahucios no distinguen entre subsidios solicitados o no, es que el Estado les ha puesto una carrera de obstáculos para acceder a lo que por ley les corresponde.
Según el AIReF, la complejidad administrativa, la brecha digital y un diseño defectuoso han convertido esta prestación en un espejismo para quienes más la necesitan. El Gobierno presume de avances sociales mientras la burocracia actúa como tapón de la desigualdad.
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La paradoja es amarga: un sistema creado para combatir la exclusión acaba excluyendo por su propia torpeza. Los requisitos son tan farragosos que solo un doctorado en papeleo garantiza el éxito. Mientras, abuelas analfabetas digitalmente, trabajadores precarios sin tiempo y familias al borde del desahucio se quedan fuera. ¿De qué sirve un salvavidas si lo atas con nudos marineros?
El IMV, pese a su importancia, sigue siendo invisible para la mitad de sus potenciales beneficiarios. Según Cáritas, el 30% de los afectados ni siquiera sabe que existe, y otro 25% abandona el proceso ante la jungla documental. Es como si el Ministerio de Derechos Sociales hubiera escondido la llave de la ayuda tras un muro de formularios.
Mientras, la ultraderecha y la prensa conservadora repiten que «el IMV crea vagos», ignorando que miles de familias trabajadoras no logran acceder. Ironía suprema: critican un subsidio que ni siquiera llega a quienes debería.
La solución no es retórica, sino acción: simplificación radical de trámites, oficinas de asistencia en barrios vulnerables y campañas puerta a puerta. Porque los derechos no deberían tener letra pequeña, ni los pobres necesitar abogados para sobrevivir.
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