
EFE/ElSolidario: La condena contra Fernández fue dictada en 2022 por un tribunal oral y ratificada por la Corte Suprema el pasado 10 de junio
Este miércoles tuvo lugar una masiva manifestación en defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), quien desde el martes cumple prisión domiciliaria en su vivienda en Buenos Aires tras ser condenada a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua por irregularidades en la concesión de obras viales durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015).
La expresidenta, de 72 años, no deberá comparecer ante los tribunales federales como se había previsto inicialmente, después de que la Justicia le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria. Aun así, sus seguidores mantienen la convocatoria para expresar su apoyo y denunciar lo que califican como una “proscripción política”.
La condena contra Fernández fue dictada en 2022 por un tribunal oral y ratificada por la Corte Suprema el pasado 10 de junio. Según la sentencia, durante su mandato y el de su fallecido esposo Néstor Kirchner, se favoreció de forma irregular a empresas del empresario Lázaro Báez en la adjudicación de obras públicas.
Desde que se conoció el fallo definitivo, Fernández ha recibido múltiples muestras de apoyo en su domicilio del barrio Constitución, así como declaraciones de respaldo de dirigentes políticos, sociales y sindicales de todo el país.
Masiva concentración pese al operativo de seguridad del Gobierno
La movilización de este miércoles, impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical del país, y por el Partido Justicialista (PJ), contó con la participación de decenas de miles de personas que llenaron la Plaza de Mayo, pese a los intentos por parte del Gobierno de boicotear el acto mediante diversos controles policiales.
La protesta fue respaldada por distintas agrupaciones sociales, entre ellas la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Uno de sus referentes, Juan Grabois, afirmó que “la acción de solidaridad con Cristina y en defensa de los derechos humanos políticos, económicos, sociales y culturales de los argentinos no se suspende por ninguna causa”.
Esta movilización se perfila como una nueva expresión pública del núcleo duro del kirchnerismo frente a lo que considera una persecución judicial con motivaciones políticas.
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