El acceso a la universidad pública se ha convertido en una carrera de obstáculos que margina a miles de jóvenes cada año. Mientras la demanda de formación superior crece, la oferta de plazas en los centros públicos lleva años congelada, condenando a generaciones enteras al descarte académico.
Según datos publicados, en algunos grados hay hasta 40 aspirantes por cada plaza disponible, y más del 90% de quienes postulan se quedan fuera.
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Este estrangulamiento no es casual ni producto de una mala planificación. Es una consecuencia directa de las políticas de infrafinanciación y de un modelo que privilegia el negocio educativo privado sobre el derecho a una educación superior universal.
¿Cómo puede hablarse de igualdad de oportunidades cuando estudiar una carrera depende más del código postal y la renta familiar que del talento o el esfuerzo?
Mientras las universidades públicas no aumentan su capacidad ni actualizan su estructura docente, las privadas florecen con titulaciones a medida, cuotas elitistas y una lógica mercantil.
El resultado es una educación segmentada, donde quienes tienen recursos acceden sin restricciones y quienes no, quedan excluidos o endeudados.
Además, esta escasez de plazas choca con una realidad evidente: España necesita profesionales cualificados. El mercado laboral lo demanda y el desarrollo científico y tecnológico lo exige.
Pero el Estado responde cerrando puertas en lugar de abrirlas. ¿Cuántas vocaciones se pierden en este proceso? ¿Cuántos futuros médicos, ingenieros o educadores ven truncado su camino por una política miope?
Se debe invertir más en universidad pública, ampliando infraestructuras, contratando profesorado y flexibilizando los criterios de acceso. Apostar por la educación superior pública no es un gasto, es una inversión en igualdad, justicia social y futuro.
De lo contrario, estaremos construyendo una sociedad aún más desigual, donde la meritocracia será solo un eslogan hueco y la educación un privilegio, no un derecho.
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