
Archivo/ELSOLIDARIO.Toma de posesión de la comisaria jefa provincial de Jaén, Layla Dris Hach-Mohamed.
Un menor de edad ha denunciado haber sido agredido por un agente de policía en el barrio murciano de El Carmen. El joven, de origen magrebí, fue golpeado mientras el agente le gritaba “moro de mierda”, en un nuevo episodio de violencia policial con motivación racista. La agresión fue presenciada por varios testigos y grabada en vídeo, lo que ha generado una rápida respuesta social.
Este suceso no es un caso aislado. En los últimos años, múltiples informes y organizaciones de derechos humanos han denunciado las identificaciones por perfil étnico, las redadas selectivas y el uso excesivo de la fuerza contra personas racializadas. Documentos como el elaborado por Open Society Justice Initiative y Rights International Spain demuestran cómo estas prácticas se dan sistemáticamente en el territorio español, vulnerando derechos fundamentales.
Además, el informe “Vigilància 0.2”, publicado por SOS Racisme Catalunya, expone cómo los cuerpos de seguridad identifican con mayor frecuencia a personas extranjeras, revelando un sesgo institucional que merece un debate público urgente. El problema, lejos de solucionarse, se agrava con la falta de mecanismos eficaces de control ciudadano y sanción interna.
No se puede hablar de un Estado democrático mientras se tolera que una parte de la población viva bajo vigilancia, miedo e impunidad. La reforma policial es una deuda pendiente. El racismo no puede tener cabida en las instituciones públicas.
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