Cerca de 2,5 millones de mujeres en España miran con esperanza la anunciada subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una medida que podría aliviar la precariedad económica de muchas trabajadoras, especialmente de sectores feminizados como el del hogar y el cuidado. Estas mujeres, fundamentales para el funcionamiento de la sociedad, representan uno de los colectivos más vulnerables frente a la brecha salarial y la pobreza laboral.
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Un paso hacia la equidad de género y la justicia social
Entre ellas se encuentran las empleadas del hogar, que históricamente han sido relegadas a la informalidad y a salarios por debajo de lo digno. Familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por mujeres, también dependen de este incremento, ya que el SMI representa una herramienta clave para garantizar la estabilidad económica y el acceso a una vida digna.
Los datos son claros: muchas mujeres trabajan jornadas extensas con salarios que apenas alcanzan para cubrir lo básico. Esta situación no solo perpetúa la desigualdad económica, sino que también refuerza la dependencia económica y las barreras para salir de ciclos de pobreza.
El gobierno, bajo presión de sindicatos y colectivos feministas, ha señalado que la subida del SMI busca no solo combatir la precariedad, sino también avanzar hacia una mayor equidad de género. Sin embargo, se necesita algo más que anuncios. La realidad exige medidas complementarias, como la mejora de las inspecciones laborales, para garantizar que este aumento llegue efectivamente a las trabajadoras que más lo necesitan.
La lucha por un SMI digno no es solo una cuestión económica, sino una cuestión de justicia social y de igualdad de género. Garantizar salarios justos para todas las mujeres es un paso esencial para construir una sociedad más equitativa, en la que todas las personas tengan las mismas oportunidades de prosperar.
Es hora de poner fin a la pobreza laboral y a la desigualdad de género. La dignidad no es negociable.
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