Fausto 
Ilustración: Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.
El caso de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha alcanzado un nuevo nivel de gravedad. Según reveló eldiario.es, Rodríguez mintió al Tribunal Supremo al declarar que ningún periodista de este medio se puso en contacto con él antes de publicar la investigación sobre el presunto fraude de la pareja de la presidenta madrileña.
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Sin embargo, la grabación de una conversación telefónica del 11 de marzo contradice esa afirmación y expone la estrategia de manipulación y opacidad en el entorno político de Ayuso.
La verdad contra las mentiras del poder
La conversación publicada por eldiario.es deja poco margen para la interpretación: Miguel Ángel Rodríguez fue contactado antes de la publicación de la noticia y, lejos de desmentirla, respondió con un ambiguo “Vosotros veréis, es muy grave”. Este comentario, lejos de disipar dudas, confirma que tenía pleno conocimiento de los hechos y eligió minimizar su importancia ante el Tribunal Supremo, subestimando la capacidad del periodismo de sacar a la luz la verdad.
Este episodio no es un hecho aislado, sino parte de un patrón preocupante de utilización del poder para evadir responsabilidades. La gestión de Ayuso y su entorno ha estado marcada por la falta de transparencia y el desprecio hacia la prensa crítica, que se convierte en un blanco constante de ataques.
El periodismo como garantía democrática
El trabajo de eldiario.es demuestra una vez más el papel crucial del periodismo en una democracia. Las grabaciones que contradicen el testimonio de Rodríguez no solo evidencian las mentiras de una figura clave en el gobierno de Ayuso, sino que revelan una trama de opacidad que atenta contra el derecho a la información.
Es urgente que el Tribunal Supremo y el resto de las instituciones implicadas actúen con contundencia ante esta flagrante falta de respeto al proceso judicial y al derecho a la verdad. Rodríguez debe rendir cuentas, no solo por sus declaraciones falsas, sino también por el daño que estas conductas causan a la confianza en las instituciones públicas.
La mentira no puede ser un arma política impune. La ciudadanía merece transparencia y responsabilidad en aquellos que ostentan el poder.
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