El caso de Juana Rivas vuelve a estar en el foco público y judicial, con desarrollos clave en España e Italia. La Fiscalía italiana ha formalizado un escrito de procesamiento contra Francesco Arcuri, exmarido de Rivas, por presuntos episodios de violencia física y psicológica hacia sus hijos.
Al mismo tiempo, crece la preocupación por el bienestar del menor, Daniel, que sigue viviendo con su padre, a pesar de las denuncias y el riesgo señalado por su hermano mayor.
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Según la representación legal de Juana Rivas, los hechos ocurrieron durante varios años, afectando gravemente a los menores. El hijo mayor, Gabriel, ahora mayor de edad y residente en España, ha elevado una solicitud de ayuda a las autoridades italianas, describiendo a su hermano menor como «en grave peligro» debido al comportamiento impulsivo de su padre.
Una justicia tomada por su mano
En paralelo, el Tribunal Supremo italiano ha anulado la sentencia que separó a los hermanos en un juicio civil previo y ha ordenado su repetición, argumentando la falta de un análisis adecuado del interés superior de los niños. Sin embargo, a día de hoy, Daniel continúa viviendo con su padre, sin que se hayan adoptado medidas cautelares para garantizar su protección, lo que genera una creciente alarma entre los defensores de los derechos de los menores.
En España, la controversia también ha alcanzado al juez Manuel Piñar, quien previamente condenó a Rivas por sustracción de menores. Su solicitud de indemnización por presuntos daños a su honor ha sido desestimada por el Consejo General del Poder Judicial, subrayando las sanciones previas que recibió por filtrar información sensible del caso.
El caso de Juana Rivas sigue siendo un símbolo de la complejidad legal y emocional que pueden alcanzar los conflictos familiares transnacionales. Las próximas decisiones judiciales en Italia serán cruciales para determinar el futuro de Daniel y garantizar que los derechos de los menores sean protegidos prioritariamente.
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