El Partido Popular ha anunciado su rechazo al acuerdo promovido por el Gobierno de Pedro Sánchez para redistribuir a menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas, una medida que busca aliviar la presión sobre Canarias.
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Miguel Tellado, el portavoz del Partido Popular (PP), anticipa que la reunión multilateral convocada para alcanzar un consenso fracasará si el Ejecutivo no acepta las condiciones impuestas por su partido,lo que incluye mayores responsabilidades económicas y de gestión por parte del Estado.
La propuesta surge como respuesta al incremento de llegadas de menores migrantes a las costas canarias. Según datos oficiales, el archipiélago acoge actualmente a miles de menores en condiciones que organizaciones humanitarias consideran preocupantes. La iniciativa del Gobierno busca fomentar la solidaridad entre comunidades autónomas para garantizar una atención adecuada a estos jóvenes, pero la negativa del PP amenaza con complicar su implementación.
El principal argumento de los de Feijóo es que el Ejecutivo debe asumir mayores responsabilidades financieras y administrativas en la gestión de los menores antes de delegar tareas a las regiones. Además, critican la falta de diálogo previo y acusan al Gobierno de improvisación en un tema tan sensible. Sin embargo, otros actores políticos y organizaciones sociales han defendido el reparto como una solución necesaria para garantizar los derechos de los menores migrantes.
Este rechazo refleja una división política en torno a la gestión migratoria en España y la capacidad de las administraciones públicas para abordar crisis humanitarias. La oposición del PP podría obstaculizar la implementación de un sistema más equilibrado, perpetuando la sobrecarga de comunidades como Canarias.
Santiago Abascal, líder de Vox, afirmó ayer que su partido abandonó los gobiernos autonómicos porque el PP pactó con el Gobierno de Sánchez la redistribución de inmigrantes entre comunidades. Además, exigió al PP romper esos acuerdos si desean negociar presupuestos en las comunidades.
La situación pone en evidencia la urgencia de acuerdos que prioricen el bienestar de los menores, más allá de disputas políticas. Es preocupante que la falta de consenso mantenga en vilo a jóvenes vulnerables que merecen protección y un futuro digno.
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