La pobreza en América Latina y el Caribe alcanzó en 2023 su nivel más bajo desde 2014, afectando al 27,3% de la población, según un reciente informe de la CEPAL.
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Este retroceso en la pobreza refleja una recuperación tras el golpe de la pandemia de COVID-19, que en 2020 llevó la tasa al 33%. Sin embargo, el panorama no es alentador: la desigualdad, un problema estructural en la región, permanece intacta, perpetuando barreras para millones.
El informe destaca que, pese a la reducción de la pobreza extrema y moderada, las brechas en ingresos, acceso a servicios y derechos básicos continúan afectando a los sectores más vulnerables, especialmente mujeres, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
Esta desigualdad no solo limita oportunidades, sino que profundiza la exclusión en un continente con algunos de los mayores índices de concentración de riqueza a nivel mundial.
Corrupción y crisis políticas alimentan la desigualdad
Además, la inflación y las crisis políticas en países clave exacerban las diferencias socioeconómicas. Mientras las economías más grandes, como Brasil y México, muestran cierta estabilización, otras naciones enfrentan desafíos como el aumento del empleo informal, el acceso desigual a la educación y la falta de sistemas de protección social efectivos.
La CEPAL insiste en que los gobiernos deben priorizar políticas redistributivas y sostenibles. La mejora de los sistemas tributarios, una mayor inversión en educación y salud, y la implementación de programas inclusivos son esenciales para romper el ciclo de desigualdad.
Sin embargo, en muchos casos, la voluntad política parece insuficiente frente a los intereses económicos de élites privilegiadas.
¿Es posible que América Latina avance hacia un modelo más equitativo o seguirá atrapada en un sistema que beneficia a unos pocos mientras margina a millones? La región enfrenta una encrucijada donde las soluciones no solo requieren medidas económicas, sino un cambio profundo en las estructuras de poder.
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