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El Gobierno de Aragón, con participación de Vox, ha decidido suprimir el subsidio semanal de 17 euros que recibían los menores extranjeros no acompañados en centros de acogida. La medida ha sido impulsada por el vicepresidente Alejandro Nolasco, responsable de Bienestar Social, y se ha aplicado mediante una instrucción interna.
Estas ayudas se concedían de forma fija y semanal a todos los menores tutelados por la administración autonómica, aunque desde el Ejecutivo se sostiene que no contaban con respaldo reglado. El Gobierno aragonés calcula que su eliminación permitirá ahorrar 180.000 euros anuales, cantidad que, según Vox, podría destinarse a plazas en residencias de mayores.
Desde la formación, se ha llegado a calificar esta prestación como una “propina”, defendiendo que se trataba de un gasto prescindible detectado tras auditorías internas.
Sin embargo, la decisión ha generado una fuerte controversia política y social, ya que afecta a jóvenes en situación de especial vulnerabilidad bajo tutela pública. Además, otras informaciones apuntan a que la ayuda podría mantenerse para menores con nacionalidad española, lo que ha intensificado el debate sobre un posible trato desigual en función del origen.