Cuatro de las seis familias inquilinas del Bloc Papallona, un edificio modernista de l’Esquerra de l’Eixample, en Barcelona, han iniciado una huelga de alquileres: dejan de pagar las mensualidades para exigir que el Ayuntamiento expropie la finca a su propietario, el fondo de inversión de origen holandés New Amsterdam Developers (NAD). Lo impulsa el Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya.
Piden que el consistorio la compre «a beneficio cero», es decir, al precio que pagó el fondo, y que después aplique alquileres ajustados al 30 % de los ingresos de cada inquilino, contratos indefinidos y la puesta a disposición inmediata de los pisos vacíos.
Todo empezó a finales de 2024, cuando la propiedad se negó a renovar los contratos porque quería alquilar habitaciones con la empresa Enter Coliving. Once vecinos lo denunciaron. Desde entonces el sindicato asegura haber logrado que se paralicen las obras para dividir los pisos en habitaciones, que NAD rompa con Enter Coliving, que un juzgado declare a NAD gran tenedor y que se frenen varios desahucios.
La portavoz es Anna Olestí, abogada especializada en vivienda y vecina de la finca desde hace cuatro años. «Han intentado echarnos del bloque», resume. Quieren extender la huelga a otros edificios de NAD, y la protesta se enmarca en la huelga general convocada para el 11 de noviembre.
No consta ninguna respuesta del fondo ni se indican los importes de los alquileres. La expropiación es una petición, no una decisión, y la huelga de pago es una medida de presión política que cada hogar asume con sus propios riesgos.
Aun así, la historia revela algo más que un conflicto de un bloque. Cuando un fondo convierte una casa en negocio de habitaciones, los inquilinos dejan de ser vecinos para ser un obstáculo. Que organicen la defensa de su hogar no es radicalismo: es la reacción lógica ante un mercado que no les ha dejado otra salida.
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