Fausto 
Tomada de X: El Solidario. Sánchez sostiene que las acciones del juez Peinado se alinean con una estrategia de lawfare (guerra judicial) promovida por sectores de la derecha política.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una querella por prevaricación contra el juez Joaquín Peinado, quien está a cargo de la investigación que involucra a su esposa, Begoña Gómez.
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La querella acusa al juez de tomar decisiones judiciales injustas y arbitrarias con el propósito de perjudicar políticamente a Sánchez y su familia.
“Un montaje zafio y un bulo”: Sánchez
Desde el inicio de la investigación contra Begoña Gómez, Pedro Sánchez ha defendido públicamente la inocencia de su esposa, calificando las acusaciones de «montaje zafio» y un «bulo» con el único objetivo de desacreditar su gobierno.
La citación a declarar a Gómez ocurrió a pocos días de las elecciones al Parlamento Europeo, lo que, según Sánchez, rompe la «norma no escrita» de no emitir resoluciones judiciales durante periodos electorales.
El origen de la investigación se basa en una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, conocido por sus denuncias contra figuras políticas. La denuncia alega que Begoña Gómez cometió tráfico de influencias en relación con fondos europeos, pero hasta ahora, las pruebas presentadas no han sido concluyentes.
Sánchez acusa a Peinado de prevaricación
La prevaricación es un delito que implica que una autoridad emite una resolución arbitraria en un asunto administrativo a sabiendas de que es injusta.
Sánchez sostiene que las acciones del juez Peinado se alinean con una estrategia de lawfare (guerra judicial) promovida por sectores de la derecha política, incluidos Vox y el Partido Popular (PP), para desestabilizar su gobierno.
Desde el PSOE, la portavoz Esther Peña ha pedido reiteradamente el archivo del caso, alegando que no hay fundamentos sólidos para las acusaciones.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, también ha criticado el proceso judicial, indicando que carece de lógica procesal y es una clara interferencia en el ámbito político. Estas afirmaciones son respaldadas por dos informes de la Guardia Civil que sugieren que el caso debería cerrarse.
En juego la imparcialidad de la Justicia española
La querella presentada por Sánchez no solo busca defender la honorabilidad de su esposa, sino también cuestionar la imparcialidad del sistema judicial español cuando se trata de figuras políticas de izquierda. Esta acción subraya las tensiones crecientes entre el gobierno progresista y ciertos sectores judiciales y mediáticos que, según Sánchez, actúan en consonancia con intereses derechistas.
El desenlace de esta querella tendrá implicaciones significativas no solo para la situación judicial de Begoña Gómez, sino también para el clima político en España. La resolución del caso podría marcar un precedente sobre el alcance y los límites de las investigaciones judiciales en contextos políticamente sensibles.
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