En un acto de resistencia y defensa de los derechos sociales, UGT y Comisiones Obreras han convocado movilizaciones para el próximo 2 de febrero.
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La derogación de la ley ómnibus, que incluía medidas cruciales como la revalorización de las pensiones y las ayudas a los afectados por la DANA, ha generado una ola de indignación entre los sindicatos y la ciudadanía en general.
El pasado 22 de enero, el Congreso de los Diputados rechazó el decreto ómnibus, dejando en el aire una serie de medidas de protección social que beneficiaban a millones de personas.
La derogación del escudo social, las ayudas al transporte y la revalorización de las pensiones son solo algunas de las medidas que han sido anuladas, afectando directamente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
“Oportunismo político”
UGT y Comisiones Obreras han calificado esta decisión como un «ejercicio de oportunismo político» con consecuencias devastadoras para la ciudadanía. Los sindicatos han señalado a PP, Vox y Junts como los responsables de esta «agresión sin precedentes» a la mayoría social, acusándolos de poner sus intereses partidistas por encima del bienestar de la población.
La convocatoria de movilizaciones para el 2 de febrero busca presionar al Gobierno para que apruebe un nuevo paquete de medidas que reemplace las derogadas.
Los sindicatos exigen la revalorización de las pensiones, la prórroga de las ayudas al transporte y la reinstauración del escudo social, entre otras medidas. Además, hacen un llamado a todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas a unirse a esta lucha por la justicia social.
La derogación de la ley ómnibus no solo afecta a los pensionistas y a los usuarios del transporte público, sino que también pone en riesgo a las personas en situación de vulnerabilidad que dependen de las ayudas para pagar suministros básicos y evitar desahucios.
La falta de estas medidas de protección social agrava aún más la situación de precariedad de muchas familias, que ven cómo sus derechos son sacrificados en el altar de la política partidista.
En este contexto, la movilización del 2 de febrero se presenta como una oportunidad para que la ciudadanía exija un cambio de rumbo y defienda sus derechos. La lucha por la justicia social no puede detenerse, y es responsabilidad de todos alzar la voz contra las decisiones que perjudican a los más vulnerables.
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