El Grupo Parlamentario Sumar ha lanzado una serie de preguntas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuestionando la legalidad y moralidad del acuerdo entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Desokupa, un grupo parapolicial conocido por sus métodos violentos y declaraciones fascistas. Este acuerdo busca que Desokupa, liderado por Daniel Esteve, entrene en defensa personal a agentes de policía, un movimiento que ha generado gran controversia.
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Desokupa: Un grupo violento y xenófobo
Desde su creación en 2016, Desokupa ha sido denunciado por numerosas organizaciones de derechos humanos por su modus operandi violento y sus declaraciones xenófobas. El grupo, que se dedica a desalojos ilegales, ha sido criticado por sus acciones paramilitares y su clara vulneración de los derechos humanos. Sumar ha enfatizado en sus preguntas al ministro que la formación de policías por parte de Desokupa no solo es ilegal, sino que pone en riesgo la integridad y neutralidad de las fuerzas de seguridad.
El Contexto legal y político
El Ministerio del Interior está evaluando la apertura de un expediente para impugnar el convenio entre SUP y Desokupa, alegando que los cursos no son homologables y carecen del respaldo de la Dirección General de la Policía. En mayo de 2023, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ya había anunciado una reforma del Código Penal para perseguir a empresas como Desokupa, acusándolas de hostigamiento y discriminación.
Preguntas críticas a Marlaska
Los diputados de Sumar, entre ellos Iñigo Errejón y Enrique Santiago, han registrado una serie de preguntas dirigidas a Fernando Grande-Marlaska, cuestionando la legalidad del acuerdo y las posibles consecuencias para la policía y la sociedad. Entre las preguntas destacan:
- ¿Ha solicitado el SUP formación específica al Ministerio que no haya sido atendida?
- ¿Qué medidas tomará Interior para impedir que grupos violentos formen a policías?
- ¿Va a iniciar Interior acciones para ilegalizar a grupos como Desokupa?
Además, Sumar ha pedido información sobre la posible infiltración de personas o grupos de extrema derecha en las fuerzas de seguridad del Estado.
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