
Ilustración/El Solidario. La adjudicación es, especialmente, controvertida porque Gómez ya había abonado pagos injustificados a la misma trama durante su paso por la gestión pública previa.
El Conseller de Sanidad del gobierno de Carlos Mazón, Marciano Gómez, ha generado polémica tras adjudicar 18,2 millones de euros a un empresario investigado en el conocido ‘caso Osvaldos’.
Miguel Sanfélix, acusado de blanqueo de capitales y enfrentando una petición de 16 años de prisión por parte de la Fiscalía, ha sido beneficiario de contratos públicos que levantan serias dudas sobre los criterios éticos y de transparencia del Ejecutivo valenciano.
La adjudicación es, especialmente, controvertida porque Gómez ya había abonado pagos injustificados a la misma trama durante su paso por la gestión pública previa.
En el caso Osvaldos, la Fiscalía sostiene que Sanfélix habría utilizado empresas para desviar fondos públicos, y ahora se le exige una multa de cuatro millones de euros. Este vínculo entre una administración pública y una figura señalada por corrupción pone en entredicho las promesas de regeneración política hechas por el gobierno de Mazón al asumir el poder.
Favorecimiento a empresarios cuestionados
La defensa oficial del Consell argumenta que los contratos adjudicados a la empresa de Sanfélix cumplen con los requisitos legales. Sin embargo, este caso revela una tendencia preocupante: la reincidencia en favorecer a empresarios cuestionados, incluso cuando la justicia mantiene abiertas investigaciones de gran calado.
Este tipo de decisiones no solo carcomen la confianza pública, sino que también consolidan una cultura de impunidad en la administración pública.
En un escenario en el que los servicios públicos esenciales, como la sanidad, enfrentan retos estructurales y presupuestarios, cada euro desviado o gestionado de forma dudosa es un golpe directo a la ciudadanía.
La imagen de un conseller entregando contratos millonarios a un investigado contrasta de manera insultante con las dificultades de miles de valencianos para acceder a tratamientos y servicios médicos.
La pregunta que surge es ineludible: ¿cómo pueden las instituciones públicas garantizar que sus recursos se destinan a quienes verdaderamente los necesitan y no a favorecer a quienes enfrentan procesos judiciales por corrupción? La transparencia no puede ser solo un lema; debe ser la base de toda gestión pública responsable.