La periodista Cristina Fallarás lleva más de un año siendo objeto de una campaña de acoso impulsada por Vox, sin que el Gobierno le haya ofrecido protección efectiva. Así lo denuncia Reporteros Sin Fronteras (RSF), que esta semana ha enviado una carta formal a Moncloa exigiendo una respuesta.
Todo empezó el 9 de julio de 2025, cuando Fallarás publicó una columna titulada «No trates con fascistas, no trates con racistas», en la que defendía aplicar un cordón sanitario personal frente al discurso racista y fascista. Vox respondió lanzando una web con su nombre y su imagen que invitaba a denunciarla y a sumarse a la formación.
Desde entonces, la periodista ha recibido insultos explícitos, amenazas de muerte y de agresión física, y un acoso coordinado que ha traspasado el espacio digital hasta llegar a su domicilio y su familia. En enero de 2026 pidió a la Fiscalía de Zaragoza la suspensión cautelar de la web de Vox; la petición nunca se resolvió. Su denuncia inicial, por delito de odio, amenazas, acoso, vulneración de la intimidad y calumnias, pasó de Zaragoza a Madrid y volvió a Zaragoza por problemas de competencia. «A partir de ahí, nada», resume Fallarás.
El Congreso sí llegó a aprobar en marzo una proposición que reconoce la dimensión de género del acoso digital contra periodistas, citando expresamente su caso. Pero el reconocimiento simbólico no se ha traducido en protección real: la web sigue activa y no existe ninguna medida cautelar en marcha.
RSF recuerda en su carta que «la libertad de prensa no puede depender solo de defenderse de la censura directa». Un año después, esa frase resume exactamente lo que le falta a Fallarás: no un titular de apoyo, sino una respuesta del Estado que la proteja de verdad.





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