Mientras miles de personas se movilizaban por el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años desahuciada en Madrid, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, aprovechó la ola de solidaridad para equiparar el aborto con un desahucio.
En un mensaje publicado el 28 de septiembre, Argüello habló de «tres desahucios» que, según él, atraviesan la sociedad española: la crisis de la vivienda, la situación de Ceuta y lo que llamó «el desahucio del vientre materno» al referirse al aborto. Sobre este último, sostuvo que se trata de «un desahucio de consecuencias irreversibles» y rechazó que se trate solo de un derecho legal, insistiendo en que existe «un ser humano, una criatura, distinta de ella» cuya vida no puede depender, a su juicio, de una decisión jurídica.
El arzobispo de Valladolid también pidió un «acuerdo social» sobre la vivienda y un «pacto de Estado y europeo» para Ceuta, pero fue su comparación con el aborto la que generó más rechazo. Cuestionó, además, que la «argumentación ética» varíe «de forma interesada» según el caso: a veces prioriza la propiedad, a veces la vulnerabilidad, según convenga.
Utilizar el desahucio de una mujer de 87 años, un caso que ha movilizado a media España en defensa de la vivienda como derecho, para introducir un mensaje contra el derecho al aborto no es casualidad. Es una estrategia retórica: aprovechar la indignación legítima ante una injusticia para colar, de paso, un discurso que recorta derechos de las mujeres.
El aborto es una decisión legal, respaldada por el sistema sanitario público desde hace más de una década. Comparar esa decisión con la violencia de un desahucio forzoso no es un matiz teológico: es una forma de deslegitimar un derecho conquistado, usando como palanca el sufrimiento de otra mujer.
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