Miles de personas salieron este fin de semana a las calles de París, Marsella, Lyon, Toulouse y decenas de ciudades francesas para protestar contra una reforma que modificaría la forma en que la Justicia analiza los disparos realizados por policías y gendarmes. El Ministerio del Interior contabilizó cerca de 49.000 manifestantes en todo el país, unos 21.000 de ellos en París.
Los manifestantes la llaman “ley del permiso para matar”. Pero jurídicamente conviene precisar qué hace realmente.
La propuesta, aprobada en primera lectura por la Asamblea Nacional el 7 de julio, no amplía directamente las situaciones en las que un policía puede disparar. Lo que introduce es una presunción de legalidad: cuando un agente utilice su arma en los supuestos previstos por la ley, partiría inicialmente de la presunción de que actuó dentro de las condiciones legales de necesidad y proporcionalidad, salvo que aparezcan pruebas que indiquen lo contrario. El texto todavía debe pasar por el Senado.
Ahí está el centro del conflicto.
Quienes apoyan la reforma sostienen que policías y gendarmes necesitan mayor protección jurídica cuando deben tomar decisiones en situaciones peligrosas. Sus críticos —entre ellos organizaciones de derechos humanos, sindicatos judiciales y familias de personas muertas por disparos policiales— temen que sea más difícil exigir responsabilidades después de una muerte, al trasladar parte de la carga de demostrar que el disparo fue ilegal a quienes cuestionan la actuación policial.
La paradoja se hizo especialmente visible en París.
La marcha transcurrió durante varias horas mayoritariamente en calma, pero hacia el final se produjeron enfrentamientos y cargas policiales entre gases lacrimógenos. Politis documentó al menos a una persona herida en el rostro por un golpe de porra y evacuada al hospital; otros medios presentes denunciaron más personas heridas.
Y es precisamente ahí donde aparece la pregunta que atravesó la protesta:
¿quién controla a quienes tienen legalmente el poder de utilizar la fuerza?
Una democracia necesita policía. Pero también necesita controles independientes, investigaciones eficaces y garantías para que quien lleva uniforme no quede fuera del alcance de la Justicia.
El debate francés no trata solamente de seguridad.
Trata de algo más profundo: cómo proteger a la población sin convertir la protección jurídica de quienes portan armas en indefensión para quienes reciben un disparo.
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