Vincenzo Gambaretto 
Imagen generada con IA
Once comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) dejaron plantado al Ministerio de Ciencia en una reunión clave para desbloquear fondos del programa María Goyri. El resultado no es una pelea administrativa menor: queda en suspenso una transferencia urgente de 149,6 millones de euros destinada a pagar a unos 3.400 profesores ayudante doctor de universidades públicas.
Las comunidades del PP alegaron la crisis de los incendios para no asistir. Pero la reunión era telemática, breve y debía ratificar un acuerdo ya trabajado. Según el Ministerio, no quedaba negociación pendiente ni desacuerdo sobre el reparto. Solo faltaba activar el procedimiento administrativo para que el dinero llegara a las autonomías.
El problema es que, cuando se bloquea una transferencia pública, no sufre un titular ministerial: sufren personas con contrato, alquiler, familia y una nómina que depende de que las instituciones hagan su trabajo.
El programa María Goyri nació para reducir temporalidad, rejuvenecer plantillas universitarias y estabilizar una universidad pública castigada durante años por precariedad. Son profesores jóvenes, investigadores, docentes que sostienen aulas, laboratorios y tutorías con sueldos muy lejos del mito del «privilegio universitario».
El PP puede discutir con el Gobierno todo lo que quiera. Eso también es democracia. Pero usar una ausencia coordinada para bloquear salarios convierte la universidad pública en rehén partidista.
La educación superior no se defiende con discursos sobre excelencia. Se defiende pagando a tiempo a quienes enseñan e investigan.
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