Aula escolar Fuente Unsplash/CDC
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha inadmitido la demanda presentada por familias del colegio Turó del Drac de Canet de Mar y Òmnium Cultural contra la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de las clases en castellano en Catalunya. Aunque la decisión no supone un cambio inmediato para el sistema educativo catalán, llega en un momento decisivo, con el Tribunal Constitucional aún pendiente de resolver si la ley aprobada por el Govern para blindar la inmersión lingüística es constitucional.
Xavier Antich, presidente de Òmnium Cultural, denuncia que la resolución de Estrasburgo repite un relato que considera falso: el de una supuesta discriminación del castellano en Catalunya, cuando la realidad, sostiene, es la contraria. Para Antich, se trata de un síntoma más de una ofensiva judicial sostenida en el tiempo contra el catalán, que ahora «también ha llegado a las instituciones europeas».
El presidente de la entidad recuerda que el modelo de inmersión lingüística cuenta con el respaldo de más del 85% del Parlament de Catalunya y con avales internacionales, como los informes del Consejo de Europa y de Naciones Unidas, y defiende que ningún tribunal debería sustituir la voluntad legislativa expresada democráticamente. «La intromisión de los tribunales sobre el poder legislativo es un hecho totalmente anormal en el contexto europeo y una disfunción democrática», advierte.
Antich lanza además una advertencia clara sobre el escenario político estatal: una mayoría de derecha y extrema derecha en el Gobierno central agravaría el conflicto político y lingüístico en Catalunya, siguiendo la dinámica que Òmnium ya observa en el País Valencià, las Illes Balears o la Franja. Ante esa posibilidad, la entidad trabaja ya en articular un «frente común» con decenas de organizaciones catalanas para defender el modelo educativo si el Tribunal Constitucional termina fallando en su contra.