A pocas horas de que la DANA golpeara con fuerza la Comunidad Valenciana, el presidente autonómico, Carlos Mazón, del Partido Popular, ocupaba su agenda en tres eventos no relacionados con la emergencia climática que se avecinaba.
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Estos actos incluyeron reuniones políticas y presentaciones de proyectos, generando un profundo malestar entre los ciudadanos y cuestionamientos sobre su compromiso ante la crisis inminente.
El impacto de la DANA ha sido devastador, con daños en infraestructuras, viviendas y vidas gravemente afectadas en toda la región. A pesar de las alertas meteorológicas, Mazón optó por una agenda que muchos consideran desconectada de las necesidades urgentes de su comunidad.
El presidente decidió continuar con estos compromisos hasta el último momento, subestimando las advertencias de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y del propio sistema de emergencias, que ya había activado protocolos preventivos y difundido la gravedad de la situación.
Acabó la UVE por cuestiones políticas
Esta falta de previsión se suma a la reciente y polémica decisión del nuevo gobierno de PP y Vox de desmantelar la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), creada en 2023 para responder de manera coordinada a catástrofes como la DANA.
Su eliminación, justificada como un “gasto innecesario” por la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, ha dejado a la región sin una infraestructura que podría haber sido vital para enfrentar la catástrofe actual.
La DANA, un fenómeno cada vez más frecuente e intenso en el contexto de cambio climático, plantea preguntas difíciles sobre la preparación y la responsabilidad de los líderes en situaciones de emergencia. ¿Qué se necesita para que nuestros dirigentes tomen en serio la amenaza climática y prioricen la seguridad ciudadana?