El gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla enfrenta acusaciones de corrupción sanitaria en Andalucía, tras denuncias de irregularidades en la gestión y el cese de la interventora que advirtió sobre prácticas ilegales en el gasto público.
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El beneficio de las cadenas privadas
La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha denunciado prácticas irregulares en la adjudicación de contratos sanitarios, señalando que se han fraccionado contratos de manera indebida, permitiendo adjudicaciones directas por más de 300 millones de euros a hospitales privados. Estas acciones fueron previamente alertadas por la interventora general de la Junta, quien fue cesada de su cargo tras sus advertencias sobre la falta de control en el gasto sanitario, según elplural.
A pesar de que estos contratos están bajo investigación judicial por presunta prevaricación administrativa, el gobierno de Moreno Bonilla ha decidido prorrogar por seis meses más los acuerdos sin licitación con hospitales privados. La consejera de Salud, Rocío Hernández, justifica esta decisión argumentando la necesidad de mantener los servicios hasta la implementación de nuevos acuerdos. Sin embargo, esta prórroga incrementa significativamente el presupuesto inicial, beneficiando principalmente a grandes cadenas hospitalarias privadas como Quirón y Vithas.
Demandas de transparencia
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha exigido explicaciones al Ejecutivo andaluz sobre estas irregularidades y el cese de la interventora general. Junto a otras formaciones de izquierda, han solicitado la comparecencia de las consejeras de Hacienda y Vivienda en el Parlamento. No obstante, Férriz ha denunciado que el Partido Popular (PP) ha bloqueado la celebración de un pleno monográfico sobre sanidad y la apertura de una comisión de investigación al respecto.
Además, se ha señalado un posible conflicto de intereses, ya que la farmacéutica en la que trabaja la esposa de Moreno Bonilla ha recibido un trato «privilegiado» por parte de la Junta de Andalucía, según denuncias del PSOE.
Sindicatos y sectores sociales denuncian la gestión sanitaria de Moreno Bonilla, señalando incumplimientos de acuerdos que han dejado a sanitarios, pacientes y personas con discapacidad en una situación precaria.La situación es alarmante, ya que mientras se investigan posibles casos de corrupción en la gestión sanitaria, la ciudadanía andaluza enfrenta un sistema de salud pública en crisis, con denuncias de colapso en hospitales y falta de personal.
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