Miles de migrantes quedan fuera de la regularización por la DANA y exigen una ampliación del plazo
Moreno Sanlés Alberto 
AP/ElSolidario: Uno de los principales escollos ha sido la exigencia del padrón municipal como prueba de residencia. Muchas personas en situación irregular no estaban empadronadas o no pudieron obtener cita antes del 4 de noviembre
El temporal de la DANA, ocurrido el pasado mes de octubre, continúa en el debate público debido a la pésima gestión de sus terribles consecuencias. Los últimos afectados por esta gestión han sido un colectivo de personas migrantes que han quedado excluidas de la regularización extraordinaria y temporal aprobada por el Gobierno en febrero.
El 11 de febrero, el Consejo de Ministros puso en marcha un proceso de regularización temporal para aquellas personas extranjeras que hubieran residido en alguno de los municipios afectados por la DANA. La medida ofrecía permisos de residencia y trabajo de un año, ampliables hasta cinco en casos de vínculos con víctimas mortales del temporal. El plazo para solicitarlo abarcó del 14 de febrero al 14 de mayo.
Sin embargo, la medida ha sido calificada de insuficiente por organizaciones sociales, partidos políticos como Sumar y las propias personas migrantes afectadas. Denuncian que el proceso ha estado plagado de obstáculos burocráticos que han impedido a muchos completar la solicitud.
La barrera de la burocracia
Uno de los principales escollos ha sido la exigencia del padrón municipal como prueba de residencia. Muchas personas en situación irregular no estaban empadronadas o no pudieron obtener cita antes del 4 de noviembre. A esto se suma la dificultad para obtener documentos como pasaportes o certificados de antecedentes penales, especialmente en contextos de emergencia o para personas que huyen de conflictos y han solicitado protección internacional.
Pese a que se permitió la presentación de certificados alternativos de residencia efectiva, la falta de coordinación entre servicios sociales y ayuntamientos convirtió este recurso en un callejón sin salida.
El Gobierno cifra en 32.000 las solicitudes recibidas y en 24.500 las regularizaciones concedidas. Sin embargo, la asociación Valencia Acull estiman que más de 40.000 personas extranjeras viven de forma irregular en las zonas afectadas por la DANA.
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