Mazón reparte a dedo millonarios contratos a empresa vinculada con su círculo cercano
Fatima Makhoukh 
Archivo/ELSOLIDARIO.El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.
El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, adjudicó cerca de 6 millones de euros a STV Gestión SL, empresa vinculada a su actual jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, antes de la DANA que afectó a la región en octubre de 2024.
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Durante su mandato en la diputación de Alicante, Mazón otorgó dos contratos significativos a STV Gestión SL. En 2021, la empresa recibió un contrato de más de 2,6 millones de euros para el servicio de limpieza en centros no sanitarios, prorrogado posteriormente por el mismo importe hasta 2023. Además, en 2022, se adjudicó a una Unión Temporal de Empresas (UTE), que incluía a STV Gestión SL, el servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes municipales por 461.150 euros.
José Manuel Cuenca, actual jefe de gabinete y secretario autonómico de Comunicación de Mazón, trabajó en STV Gestión SL como responsable de Relaciones Institucionales desde noviembre de 2017 hasta enero de 2023, antes de unirse al equipo del Partido Popular en Les Corts Valencianes y, posteriormente, al Palau de la Generalitat.
Tras la DANA de octubre de 2024, STV Gestión SL fue beneficiaria de uno de los primeros contratos de emergencia otorgados por la Generalitat Valenciana. Este contrato, inicialmente valorado en 290.000 euros, se incrementó a casi 2,3 millones de euros, lo que ha suscitado críticas y sospechas sobre posibles irregularidades en la adjudicación de contratos a empresas con vínculos personales con altos cargos del gobierno regional.
Estas revelaciones plantean interrogantes sobre la transparencia y la ética en la gestión de fondos públicos en la Comunidad Valenciana. ¿Se están priorizando los intereses públicos o las relaciones personales en la adjudicación de contratos? ¿Qué medidas se implementarán para garantizar la imparcialidad y evitar conflictos de interés en futuras contrataciones? La ciudadanía merece respuestas claras y acciones concretas para asegurar una administración pública íntegra y transparente.
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