Veto a la progresista Lucía Avilés en Consejo General del Poder Judicial impulsa la violencia machista
Silvia María Vicente Moya 
Imagen: infolibre.es. El Solidario. La presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló.
La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha vetado la incorporación de Lucía Avilés, única vocal de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
Esta decisión ha dejado una plaza vacante en el organismo encargado de combatir la violencia machista, generando controversia en el ámbito judicial.
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El Observatorio, principal órgano del Poder Judicial en la lucha contra la violencia de género, cuenta con tres vocales del CGPJ. Tras la reciente renovación del Consejo, solo dos consejeras forman parte formalmente de la institución: la progresista Esther Erice, presidenta del Observatorio, y la conservadora Esther Rojo.
Ambos sectores del órgano de gobierno de los jueces habían pactado que entre sus tres representantes en el Observatorio hubiera mayoría progresista. Sin embargo, Perelló ha vetado para uno de los puestos a Lucía Avilés, jueza especialista en violencias machistas y única vocal de la AMJE.
Mujeres en la Judicatura
Este veto ha resultado en un empate entre progresistas y conservadores en el Observatorio, dejando sin cubrir una de las plazas correspondientes al Consejo. Además, ha suscitado críticas por parte de colectivos feministas y asociaciones judiciales, que consideran fundamental la presencia de voces especializadas en violencia de género dentro del organismo.
La ausencia de Avilés podría afectar la eficacia del Observatorio en la implementación de políticas contra la violencia machista.
La decisión de Perelló contrasta con su trayectoria previa, en la que ha defendido activamente el papel de la mujer en la judicatura y ha criticado el lenguaje sexista en el CGPJ.
Su veto a una vocal feminista para el Observatorio plantea interrogantes sobre el compromiso del CGPJ en la lucha contra la violencia de género y la representación de perspectivas feministas en sus órganos clave.
En un contexto donde la violencia machista sigue siendo una lacra en la sociedad española, la exclusión de una experta reconocida en la materia podría interpretarse como un retroceso en los esfuerzos por erradicar esta problemática.
La comunidad judicial y la sociedad civil esperan explicaciones sobre las razones detrás de esta controvertida decisión y sus implicaciones para la protección de las víctimas de violencia de género.
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