Verónica Mas 
Gustavo, condenado a tres meses de cárcel por resistencia a la autoridad durante una acción en una entidad bancaria. Foto: Nacho Izquierdo
En este tiempo, en que las sociedades estamos sacudidas por desafíos contextuales que ponen en peligro nuestra integridad física y mental, las leyes para hacernos callar se afilan para perseguirnos si decidimos unirnos y manifestarnos con el fin de transformar una realidad austera, difícil e injusta.
El poder acaparado por una élite, cada vez más antidemocrática y asocial, afila sus herramientas legislativas para que protestar por la vivienda, la guerra o la desigualdad de género y sexual sea castigado con penas que buscan disuadir la expresión del descontento popular ante un sistema cruel y vejatorio.
Ejemplos
Naiara está inmersa en tres causas penales por participar en una campaña que pretendía frenar el desahucio de una familia con dos menores en Zaragoza.
Los hechos que relata Naiara sucedieron en 2023 y por ellos ya ha sido condenada, junto a otra compañera, a una multa de 2.500 euros y a antecedentes penales durante seis meses, que todavía arrastra.
Gustavo lleva años vinculado al movimiento por el derecho a la vivienda. En 2018, desde la PAH de Guadalajara estaban intentando negociar con una entidad bancaria la paralización de un desahucio, también con dos menores. También fue denunciado y le impusieron una condena, que quedó en tres meses de cárcel por desobediencia.
“Nuestras armas eran unos bocadillos de jamón, un juego de dominó y unos sacos de dormir”, recuerda.
Según el informe anual de la plataforma «Defender a quién defiende», en 2024 se registraron 1.140 vulneraciones de derechos en contextos de protesta, que engloban detenciones, multas, amenazas, censura, afectaciones a la integridad psicofísica, identificaciones y/o encausamientos.
No obstante, el grupo de la Vivienda fue el tercero con más vulneraciones recogidas (235), por detrás de las protestas en solidaridad con Palestina (282) y las ecologistas (249).
Desde 2016, se han puesto unas 20.000 multas al mes con la ley mordaza y se han recaudado unos 1000 millones de euros, de los que cerca de 250 fueron por desobediencia o resistencia a la autoridad y otros 60 por faltas de respeto a miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o por causar desórdenes en espacios públicos u obstaculizar la vía pública.
Aunque el efecto disuasorio está ahí, desde Amnistía Internacional celebran que “afortunadamente, muchos de estos movimientos, por su trayectoria y ayuda han podido seguir ejerciendo esta labor tan importante y loable, pero si genera un desgaste a nivel individual”.
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