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El Gobierno quería una ley para reforzar la propiedad privada. Casi terminó aprobando una máquina del tiempo.
Durante el debate en el Senado argentino, Gerardo Zamora leyó el artículo 38 de una de las modificaciones del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: “La presente ley comenzará a regir el 1° de julio de 1968”.
Sí: 1968.
Zamora ironizó desde su banca: en el “corte y pegue” podrían haber borrado al menos la fecha. El error estaba en un texto modificado a contrarreloj y provocó risas en el recinto.
Puede parecer un blooper. El problema es que legislar también exige leer.
No se estaba redactando una publicación en redes. Era una norma destinada a modificar expropiaciones, desalojos y protecciones de la propiedad privada. El proyecto terminó consiguiendo media sanción por 37 votos contra 33 después de que el oficialismo tuviera que retirar los capítulos sobre compra de tierras por extranjeros y cambios de uso de suelos después de incendios.
Por eso el apuro deja huellas.
El error no demuestra que literalmente los senadores “no sepan leer ni escribir”. La crítica más grave es otra: revela que un texto con consecuencias sobre viviendas, patrimonio y territorio pudo llegar al recinto sin que los controles políticos y técnicos detectaran una fecha absurda.
Un Congreso puede equivocarse. Para eso existen revisiones, asesores, comisiones y debate.
Lo preocupante aparece cuando la modificación permanente y la urgencia convierten el proceso legislativo en una sucesión de remiendos.
Y este proyecto tocaba además una cuestión especialmente delicada. El Gobierno había pretendido eliminar restricciones sobre la adquisición extranjera de tierras, capítulo que terminó retirando por falta de apoyo.
Cuando está en juego la soberanía merece cuidado, no un Ctrl+C y Ctrl+V hecho a las apuradas.
El episodio es gracioso durante diez segundos.
Después deja de serlo.
Porque cuando quienes gobiernan reivindican eficiencia, técnica y superioridad sobre “la casta”, pero llevan al Senado una ley que pretende empezar 58 años antes de su aprobación, la improvisación también gobierna.