
Imagen de publico.es : El Solidario. Imágenes de la comida en mal estado servida en la residencia de A Pontenova, en Lugo.
La gestión del presidente gallego Alfonso Rueda vuelve a estar en el ojo del huracán tras la decisión de la Xunta de Galicia de contratar nuevamente a una empresa señalada por servir comida podrida en residencias de mayores. Este escándalo, que recuerda los polémicos casos en la Comunidad de Madrid liderada por Isabel Díaz Ayuso, reaviva las críticas hacia las políticas del Partido Popular en la gestión de servicios públicos esenciales.
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La denuncia más reciente apunta a problemas de salud sufridos por los residentes tras consumir alimentos en mal estado, incluyendo episodios de vómitos y diarreas, que ponen en evidencia las precarias condiciones en las que operan estas instalaciones. Según testimonios y reportes, los menús servidos por esta empresa contenían productos en mal estado, con moho y mal olor, algo intolerable en espacios destinados al cuidado de personas mayores, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad.
Organizaciones y familiares de los afectados han alzado la voz, denunciando no solo las condiciones insalubres de la comida, sino también la falta de controles rigurosos por parte de la administración. A pesar de los antecedentes y los reclamos, la Xunta ha renovado el contrato, lo que genera interrogantes sobre las prioridades de las políticas públicas y la transparencia en las adjudicaciones.
La sombra de la mala gestión del PP en las residencias de mayores
Este caso no es un hecho aislado, sino el reflejo de un modelo de gestión que prioriza los beneficios económicos sobre el bienestar de las personas. Como ya ocurrió en Madrid con el escándalo de las residencias durante la pandemia, estas decisiones políticas ponen en riesgo la dignidad y la salud de los usuarios, generando un profundo malestar en la ciudadanía.
En un momento en que el respeto por los derechos humanos debería ser innegociable, estas prácticas representan un grave retroceso. Es urgente que las administraciones asuman su responsabilidad, establezcan protocolos de calidad y dejen de anteponer intereses privados al bienestar colectivo.
Porque garantizar una alimentación digna y de calidad en residencias no es un lujo, es una obligación moral y política.
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