
El Solidario. Este ajuste, que podría rondar un incremento del 4%, afecta tanto a las pensiones contributivas como a las no contributivas, así como al IMV.
El Gobierno ha anunciado para 2025 un incremento en las pensiones contributivas, las mínimas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), confirmando su compromiso con la revalorización anual en función del Índice de Precios al Consumo (IPC).
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Esta medida busca paliar el impacto de la inflación en los colectivos más vulnerables, en una dura realidad económica aún marcado por la crisis energética y la incertidumbre global. La actualización de estas prestaciones representa un respiro para millones de familias que dependen de ellas como sustento principal.
Este ajuste, que podría rondar un incremento del 4%, afecta tanto a las pensiones contributivas como a las no contributivas, así como al IMV. En términos concretos, busca garantizar que el poder adquisitivo no se deteriore ante la constante subida de precios en bienes básicos como alimentos y energía.
Sin embargo, la pregunta persiste: ¿es esta medida suficiente para abordar las desigualdades estructurales que afectan a las clases trabajadoras y pensionistas?
El aumento en las pensiones y el IMV es un paso en la dirección correcta, pero también deja entrever la precariedad de un sistema de protección social que enfrenta importantes retos.
¿El alza se ajusta a la realidad económica?
Según organizaciones sociales, las cuantías actuales, aun con esta subida, siguen siendo insuficientes para cubrir un nivel de vida digno en muchas regiones de España, donde el coste de la vida se ha disparado. Además, el IMV, diseñado como un mecanismo contra la pobreza extrema, enfrenta críticas por su complejidad burocrática, que dificulta el acceso para quienes más lo necesitan.
Este anuncio llega en un clima político polarizado, donde la derecha ya ha comenzado a cuestionar la sostenibilidad de estas medidas, ignorando que la inversión en bienestar social no solo es justa, sino también estratégica para el desarrollo económico. Los sistemas públicos de pensiones y ayudas como el IMV no son gastos superfluos, sino herramientas fundamentales para reducir la desigualdad y garantizar un piso mínimo de dignidad para todos los ciudadanos.
En un mundo donde las brechas sociales se agrandan, ¿es suficiente subir las prestaciones para garantizar una vida digna, o es necesario replantear el modelo económico en su conjunto?
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