Ismael Valdenebro 
Fuente Getty Images
Hay pocas demandas sociales que logren un consenso tan aplastante en la sociedad actual. Los datos demuestran que la propuesta de gravar más a las grandes fortunas ha dejado de ser un debate partidista para convertirse en una exigencia transversal. En España, un abrumador 91% de los ciudadanos apoya subir los impuestos a los superricos con un objetivo claro y profundamente humano: garantizar y financiar mejor la sanidad pública.
Este deseo de mayor justicia fiscal no es un fenómeno aislado. El último Eurobarómetro refleja que casi dos tercios de la población de la Unión Europea respalda un impuesto específico para las rentas más altas. La percepción de que el sistema actual es injusto es mayoritaria; de hecho, el 83% de los españoles señala que las familias de rentas medias y bajas soportan una mayor presión fiscal que las corporaciones y los multimillonarios. Ante esto, la sociedad reclama un modelo basado en la progresividad fiscal y la cohesión social para proteger a los más vulnerables.
Lo más sorprendente de este escenario es que la solidaridad y el sentido común también calan en las esferas más altas. Organizaciones como Patriotic Millionaires revelan que el 65% de los propios millonarios del G20 está a favor de aumentar los tributos a su sector, advirtiendo que la desigualdad extrema pone en riesgo la estabilidad democrática.
Gravar la riqueza no es una cuestión de castigo, sino de responsabilidad compartida y sostenibilidad. La ciudadanía ya ha hablado con una claridad meridiana en favor del bienestar común. Ahora, la verdadera pregunta que queda en el aire es por qué las políticas e instituciones fiscales siguen caminando en la dirección opuesta a lo que la gente pide en voz alta.
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