Mette Frederiksen y Giorgia Meloni. Fuente EFE
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, líder del partido socialdemócrata de su país, compartió el lunes en redes un comunicado firmado junto a la ultraderechista Giorgia Meloni contra lo que ambas llaman «inmigración descontrolada». El texto vincula, sin aportar ningún estudio ni estadística, a las personas migrantes con el aumento de la delincuencia, el narcotráfico o la saturación de servicios públicos, y pide generalizar los centros de repatriación en terceros países.
La reacción no se hizo esperar dentro de la propia familia socialista europea. «No apoyamos ni compartimos sus últimas declaraciones», ha declarado Iratxe García, presidenta del grupo de Socialistas y Demócratas en la Eurocámara, que recuerda que su bando votó hace solo dos meses en contra de crear ese tipo de centros.
Los datos desmienten, además, la eficacia del modelo que Frederiksen y Meloni quieren extender: los centros de repatriación que Italia financia en Albania llevan dos veranos consecutivos casi vacíos, pese a su elevado coste.
El momento del giro danés tampoco es casual. Hace apenas once días, unas 80.000 personas cruzaron de forma inesperada la frontera entre Marruecos y Ceuta por el espigón del Tarajal. Desde entonces, 22 de los 27 países de la Unión Europea han pedido reintroducir controles internos, recortando de facto el espacio Schengen, con Italia y Dinamarca a la cabeza del impulso.
Lo verdaderamente preocupante no es solo que la ultraderecha proponga cerrar fronteras y vincular migración con inseguridad: es que una dirigente que se define socialdemócrata legitime ese discurso, allanando el terreno para que deje de ser una posición extrema y pase a ser una opción políticamente aceptable. Cuando la izquierda institucional empieza a competir con la ultraderecha en dureza migratoria, quien pierde siempre es la misma persona: la que huye de algo y solo encuentra, al llegar, una frontera cada vez más alta.