La reforma de la ley de dependencia entra en vigor este viernes 23 de octubre. La Ley 4/2026, publicada en el BOE el día 3, reconoce la teleasistencia como un derecho para todos los grados, extiende la asistencia personal a cualquier grado y edad y obliga a que el plan individual de atención se centre en los deseos de la persona.
El cambio también es financiero. El Estado deberá cubrir al menos el 50 % del gasto certificado de cada comunidad autónoma en el año anterior. La reforma incorpora 6.200 millones de euros adicionales para 2026 y 2027, y la aportación estatal de 2027 será de 7.239,4 millones, casi el doble que en 2025. Las comunidades tendrán que resolver las solicitudes en un máximo de tres meses.
La urgencia del sistema de dependencia se mide en los datos del segundo trimestre de 2026. Hay 142.887 personas esperando una prestación desde hace al menos seis meses, un 21 % menos que en junio de 2025. Los beneficiarios alcanzan un récord de 1.707.328. Con un recuento más amplio, las solicitudes pendientes llegan a 228.556.
Para las personas dependientes y sus familias, la esperanza está en que la reforma acorte el camino. El tiempo medio de resolución es de 314 días, frente a los 421 de 2021, pero oculta grandes diferencias: Ceuta tarda 82, Aragón 117 y Castilla y León 120, mientras que Murcia llega a 551, Andalucía a 435 y Asturias a 425.
En el primer semestre de 2026 murieron 15.450 personas mientras esperaban, 7.916 pendientes de valoración y 7.534 con la prestación reconocida pero sin recibirla. El Ministerio de Derechos Sociales calcula que más de 70.000 personas podrían salir de la lista de espera en 2027, pero es una previsión. La ley da más recursos y plazos; ahora debe demostrar que las esperas se acortan.
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