La pareja de Ayuso solicita al Supremo acceso al email personal del fiscal general en plena polémica por fraude fiscal
Fausto 
Ilustración: El Solidario. La solicitud, calificada como inusual y controvertida, ha reavivado el debate sobre la independencia judicial en España y la protección de la privacidad en el contexto de investigaciones fiscales.
En un giro inesperado del caso de fraude fiscal que involucra a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la defensa de Alberto González, empresario y compañero sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha solicitado al Tribunal Supremo el acceso al email personal del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
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Este movimiento ha levantado suspicacias sobre la posible búsqueda de presuntas irregularidades en la actuación del máximo representante del Ministerio Fiscal en el marco del escándalo que salpica a González.
La defensa alega que podría haber conversaciones relevantes en ese correo personal que evidenciarían una posible parcialidad en el tratamiento del caso, insinuando que la justicia podría haber actuado de manera arbitraria en su contra.
La solicitud, calificada como inusual y controvertida, ha reavivado el debate sobre la independencia judicial en España y la protección de la privacidad en el contexto de investigaciones fiscales.
El fiscal general, quien ha defendido en varias ocasiones la legitimidad de su actuación en el caso, ha calificado estas acusaciones como «bulos» que buscan desviar la atención de los hechos principales, que incluyen fraude a Hacienda y la falsificación de documentos por parte de la pareja de Ayuso.
Las acusaciones contra González han generado tensión política, pues involucran a una figura cercana al poder, mientras las maniobras judiciales buscan retrasar una condena que parece cada vez más inevitable.
Este movimiento de la defensa de González se da en un momento crucial, mientras la justicia avanza en la instrucción de un caso que podría tener importantes implicaciones políticas.
En un contexto donde la ciudadanía clama por transparencia y justicia, esta solicitud parece destinada a generar más incertidumbre y alimentar la percepción de que ciertos sectores del poder político buscan manipular las instituciones judiciales para proteger intereses particulares.
Las próximas semanas serán clave para determinar si el Tribunal Supremo acepta esta solicitud y hasta qué punto impactará en el desarrollo del juicio. Fuentes cercanas al caso apuntan que esta estrategia podría fracasar, dada la delicadeza legal de acceder a un correo personal sin pruebas concluyentes de irregularidades.
Fuentes: ElDiario.es, Público.
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