El Gobierno ha aprobado una reforma en el copago farmacéutico con el objetivo de garantizar mayor equidad en el acceso a los medicamentos. Esta medida rebajará significativamente la aportación de las rentas más bajas, imponiendo un límite mensual, mientras que las rentas más altas, superiores a los 100.000 euros anuales, verán incrementada su contribución hasta un 60% del precio de los fármacos.
Quizás te interese leer: Sube drásticamente el número de solicitudes de eutanasia en España en 2023
La reestructuración responde a la intención del Ministerio de Sanidad de corregir las desigualdades en el sistema actual, que obligaba a ciertos colectivos vulnerables a destinar una parte considerable de sus ingresos al gasto farmacéutico.
Según el ministro de Sanidad, esta medida también tiene un componente disuasorio para evitar el abuso en la prescripción de medicamentos en segmentos de renta alta.
¿Qué cambios introduce esta reforma?
- Límites mensuales para rentas bajas: Las familias con ingresos menores a la obligatoriedad de declarar el IRPF (aproximadamente 22.000 euros anuales) tendrán un copago reducido del 40% del precio del medicamento, con un tope mensual de 8 euros.
- Incremento para rentas altas: Los ciudadanos con ingresos superiores a 100.000 euros anuales asumirán el 60% del coste de los medicamentos, con un límite de 60 euros al mes. Además, aquellos obligados a tributar en el IRPF, pero con ingresos más moderados, aportarán entre un 50% y un 60%, según sus niveles de renta.
- Protección de datos e implementación: La nueva normativa permitirá al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) acceder a datos tributarios para determinar automáticamente el porcentaje de aportación de cada usuario. Esto se hará de manera confidencial y conforme a las leyes de protección de datos.
- Innovaciones en las recetas: Las recetas médicas incluirán un código que identificará el nivel de copago aplicable a cada paciente, adaptando el sistema a las nuevas condiciones de financiación.
Una reforma con impacto social
La medida pretende aliviar la carga económica de más de 12 millones de personas en situación vulnerable y, al mismo tiempo, redistribuir el esfuerzo financiero hacia quienes tienen mayor capacidad económica.
Se espera que el nuevo sistema entre en vigor en un plazo de dos meses, tras completar la fase de ajustes en la infraestructura administrativa y sanitaria.
El ministro de Sanidad subrayó que esta política refuerza el compromiso del Gobierno con un modelo de sanidad pública basado en la equidad y la sostenibilidad financiera. Por otro lado, colectivos farmacéuticos y administraciones autonómicas ya están trabajando en los mecanismos para garantizar una implementación fluida y eficiente.
Síguenos en nuestras redes sociales @elsolidariorg / X: @X_ElSolidario y en nuestro canal de Whatsapp El Solidario