
Imagen: eldiario.es. El Solidario. Estado de las calles de Paiporta tras la DANA del pasado 29 de octubre.
La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja ha reafirmado que su investigación sobre la DANA que azotó Valencia el pasado 29 de octubre se centra en delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, derivados de una presunta actuación negligente por parte de las autoridades.
Esta declaración subraya la gravedad de las acusaciones y pone en el punto de mira la gestión de la emergencia que resultó en la trágica pérdida de más de 200 vidas.
En su resolución, la jueza enfatiza que, aunque los daños materiales fueron devastadores, su investigación se focaliza exclusivamente en los fallecimientos y lesiones que, según indica, «sí se podían evitar».
La magistrada ha admitido la personación de la Asociación de Damnificados Horta Sud y del PSOE en la causa, permitiendo que estas entidades actúen como acusación particular en el proceso.
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No obstante, ha inadmitido una querella presentada contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, debido a su condición de aforado.
Huella material y psicológica de la DANA
La tragedia ha dejado una profunda huella emocional en la comunidad valenciana. Familiares de las víctimas relatan cómo las inundaciones sorprendieron a muchos en sus hogares, convirtiendo plantas bajas y garajes en trampas mortales.
La jueza ha calificado el mensaje de alerta enviado a la población como «tardío» y «erróneo», señalando que no se instó a las personas a refugiarse en lugares elevados, lo que podría haber prevenido numerosas muertes.
La gestión de la emergencia ha suscitado críticas hacia el presidente Mazón. Inicialmente, afirmó haber llegado al Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) a las 19:00 horas; sin embargo, posteriormente corrigió su declaración, indicando que su llegada fue a las 20:28 horas.
Esta discrepancia ha generado desconfianza y ha sido objeto de debate público.
Además, la jueza ha inadmitido una querella contra Mazón presentada por la Federación Local del sindicato CGT, remitida por inhibición de un juzgado de Instrucción de Valencia, debido a su condición de aforado.
La investigación judicial continúa avanzando, con la jueza centrada en esclarecer las responsabilidades penales derivadas de la presunta actuación negligente que pudo haber contribuido a la magnitud de la tragedia.
Mientras tanto, la sociedad valenciana exige respuestas y justicia para las víctimas de una catástrofe que ha marcado un antes y un después en la gestión de emergencias en la región.
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