Fausto 
Archivo El Solidario. La legislación actual permite que el empleo de hogar opere en una nebulosa jurídica.
En España, el empleo de hogar continúa siendo un sector donde la precariedad y la falta de regulación parecen la norma. La obligatoriedad de registrar la jornada laboral, una medida en apariencia básica para cualquier relación laboral sigue siendo una asignatura pendiente para un colectivo formado mayoritariamente por mujeres, muchas de ellas migrantes.
¿Por qué esta invisibilización persiste en un país que defiende la igualdad y los derechos laborales?
La legislación actual permite que el empleo de hogar opere en una nebulosa jurídica. A diferencia de otros sectores, donde el registro horario es obligatorio, aquí esta práctica se convierte en una recomendación más que en una exigencia.
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La Inspección de Trabajo apenas actúa, dejando que los contratos, muchas veces inexistentes o irregulares, escapen de cualquier control. El resultado es un sector donde las jornadas extenuantes, las horas extras no remuneradas y los bajos salarios son moneda común.
Una ley que no se respeta
Registrar la jornada laboral en el empleo de hogar podría cambiarlo todo. Este simple acto daría visibilidad a un trabajo que, aunque fundamental, sigue siendo tratado como secundario.
Con ello, se garantizaría el cumplimiento de las horas pactadas, el pago justo de las horas extra y el respeto a los descansos legales. Pero más allá de lo legal, sería un reconocimiento al valor del trabajo doméstico, un pilar invisible que sostiene a miles de hogares en el país.
Sin embargo, implementar esta medida sin una supervisión adecuada podría derivar en nuevas formas de abuso. Algunos empleadores podrían simular jornadas ajustadas al marco legal mientras, en la práctica, las trabajadoras siguen sometidas a explotación. Por ello, el registro debe ir acompañado de campañas de sensibilización y de una Inspección de Trabajo reforzada y comprometida.
Se debe replantear cómo valoramos y protegemos a quienes desempeñan estas labores esenciales. La invisibilización de su jornada no es solo un problema laboral; es una cuestión de justicia social. ¿Por qué seguimos permitiendo que miles de trabajadoras sean tratadas como ciudadanas de segunda?
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