En el departamento de Arauca, Colombia, la violencia contra líderes sociales continúa sin freno. La reciente Caravana Humanitaria alertó sobre un plan de exterminio dirigido por paramilitares y disidencias de las Farc.
Pese a las advertencias, el 14 de agosto, Manuel Salvador Sánchez, líder comunal, fue asesinado. Este ataque, como tantos otros, resalta la grave situación de derechos humanos en la región.
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Historial de persecución
Desde 2022, cuando inició el último periodo del conflicto, las sedes de las organizaciones sociales han sufrido múltiples atentados. Entre ellos la explosión de un carrobomba en Saravena donde se encontraban más de 60 líderes sociales de la región.
Estos actos de terror buscan desmantelar el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia que lucha por los derechos de las comunidades.
Esta organización ha logrado satisfacer demandas de los pobladores como regular la distribución del agua, recuperar tierras en manos de las empresas petroleras con el objetivo de cultivar alimentos, la erradicación de los cultivos de coca y la reivindicación de derechos fundamentales que faciliten la permanencia digna en el territorio.
El rol del Estado y la complicidad
El Movimiento ha sido objeto de estigmatización y persecución. Las disidencias de las Farc, en connivencia con actores del Estado, lo acosan por el peligro que representa para sus intereses.
Estas denuncias, presentadas por los líderes, son un llamado urgente a la comunidad internacional para que finalice esta masacre encubierta.
El desafío de sobrevivir
El movimiento social en Arauca enfrenta el reto de mantenerse vivo y libre. A pesar del dolor y las pérdidas, las comunidades siguen luchando por sus derechos y su territorio, en honor a los líderes caídos.
Fuente: El Salto Diario