La hipocresía de la suspensión

A pesar de la decisión oficial del Gobierno español de suspender las exportaciones de material militar a Israel, algunos informes indican que España sigue operando como un importante punto de tránsito para el transporte de armamento hacia este país. Esta situación ha generado indignación entre defensores de derechos humanos y miembros de partidos progresistas, quienes ven en esta práctica una contradicción con la postura humanitaria y de no intervención proclamada por España.

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció en octubre la suspensión de la venta de armas a Israel debido a la intensificación de los ataques en Gaza y a las demandas crecientes de la comunidad internacional para detener el flujo de armamento en zonas en conflicto. Sin embargo, algunas operaciones logísticas, principalmente en puertos españoles, han continuado para permitir el tránsito de material militar con destino final en Israel. Esto sugiere que la política de embargo anunciada podría no estar siendo aplicada en su totalidad.

Partidos como Sumar, liderado por Yolanda Díaz, y otras organizaciones internacionales han exigido que España no solo suspenda las ventas de armas, sino también el tránsito de cualquier equipo militar hacia Israel, hasta que existan garantías de que no se utilizarán contra la población civil en Gaza. En declaraciones recientes, representantes de Sumar y ONGs como Amnistía Internacional pidieron que el Gobierno cancele todos los contratos vigentes con empresas de armamento israelíes, apuntando que la participación de España, aunque sea como punto de paso, refuerza la escalada armamentista en la región y contradice los principios de derechos humanos y paz internacional.

España ha mantenido una relación comercial significativa con la industria militar israelí, con exportaciones de armas y tecnología militar que han alcanzado valores superiores a los 30 millones de euros en los últimos años. En 2023, las exportaciones directas de armamento y tecnología hacia Israel superaron los 5 millones de euros, aunque ahora estas cifras podrían estar afectadas por la decisión de suspensión. Sin embargo, los informes actuales sobre el tránsito de material militar generan dudas sobre el verdadero alcance de la prohibición.

La controversia ha abierto un debate en España sobre la necesidad de adoptar políticas coherentes que protejan los derechos humanos y eviten una participación indirecta en conflictos armados. Aunque el Gobierno afirma que ha tomado medidas firmes para reducir su implicación en la cadena de suministros de la industria militar en Oriente Medio, la evidencia de que puertos nacionales continúan siendo puntos de tránsito cuestiona la consistencia de esta postura.

Organizaciones de derechos humanos y sectores progresistas advierten que, para construir una política exterior ética y responsable, España debe cerrar todas las puertas al tránsito de armas hacia zonas de conflicto, asegurando que su territorio no sirva como base para operaciones logísticas que perpetúen la violencia en el extranjero.