La división por la carga de trabajo de los jueces evidencia el control conservador del Poder Judicial
Rocío Benítez 
Fuente Europa Press
Nuevo choque en el Consejo General del Poder Judicial: el acuerdo sobre las cargas de trabajo de los jueces, aprobado el 22 de julio, salió adelante gracias a los votos del bloque conservador junto a la presidenta Isabel Perelló y el vocal Carlos Hugo Preciado.
Frente a ellos, el bloque progresista presentó dos votos particulares, uno firmado por ocho vocales y otro por Ines Herreros, coincidiendo en que el texto aprobado incumple la sentencia del Supremo de 2023 sobre salud laboral judicial.
La grieta desembocó en la dimisión del vocal Ricardo Bodas como presidente de las comisiones de Carrera y de Salud Judicial, al considerar que no sería razonable dirigirlas mientras discrepa radicalmente de las políticas aprobadas.
Los ocho vocales firmantes denuncian que el documento aprobado se aparta del método técnico encargado por el propio Pleno y altera tanto los informes técnicos como la finalidad misma del trámite de contraste.
Según su voto particular, la propuesta final se basa en criterios valorativos que carecen de rigor científico y objetividad, y advierten de que trasciende la prevención para afectar a la organización judicial y a la calidad del servicio público de justicia.
Por su parte, la vocal Inés Herreros critica que el modelo se apoye solo en la productividad observada, un indicador de rendimiento que no garantiza la protección de la salud física y psíquica de jueces y magistrados.
Herreros añade que la propuesta ignora la perspectiva de género, el estrés de crianza y las necesidades de conciliación de quienes integran la Carrera Judicial.
Fuentes cercanas al vocal Carlos Hugo Preciado defienden que el documento aprobado es más favorable que la propuesta progresista, que planteaba hasta 2.500 asuntos civiles y 1.500 sociales, frente a las horquillas finalmente aprobadas de 1.200-1.500 en Civil y 800-1.100 en Social.
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