La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado a la comunidad internacional que tome medidas decisivas para apoyar una transición democrática en Venezuela. La situación en el país ha alcanzado niveles alarmantes de represión y violaciones de derechos humanos, lo que ha llevado a la CIDH a instar a un esfuerzo coordinado y multilateral para restaurar el Estado de derecho y proteger las libertades fundamentales de los venezolanos.
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Desde las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó la reelección de Nicolás Maduro sin publicar las actas de votación, Venezuela ha sido testigo de más de 300 protestas espontáneas, duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad.
Estas manifestaciones han resultado en la muerte de al menos 23 personas y la detención de 1.393 ciudadanos, incluidos 182 mujeres, 117 adolescentes, 17 personas con discapacidad y 14 indígenas.
La presidenta de la CIDH, Roberta Clark, ha declarado que la proclamación de la victoria de Maduro es «ilegítima» y ha urgido a la comunidad internacional a exigir la rendición de cuentas y la transparencia electoral. Según la CIDH, los detenidos enfrentan cargos penales severos, como incitación al odio, terrorismo y conspiración, en un claro intento de socavar el ejercicio de la libertad de expresión.
Crisis social y política en Venezuela
La crisis humanitaria en Venezuela también es alarmante. Más de 7,7 millones de venezolanos han huido del país en busca de mejores condiciones de vida, generando una de las mayores crisis migratorias del mundo. Además, cerca de 19 millones de personas requieren ayuda humanitaria debido a la falta de acceso a servicios básicos como salud y nutrición.
La CIDH ha enfatizado que la comunidad internacional debe aumentar la presión diplomática y proporcionar medidas de protección para la sociedad venezolana. Solo un apoyo contundente y sostenido puede contrarrestar la represión y permitir que el pueblo venezolano recupere sus derechos fundamentales.
En este contexto, es crucial que los actores internacionales se unan en un esfuerzo común para promover la democracia y la justicia en Venezuela, garantizando que cada voto cuente y que cada ciudadano tenga acceso a una vida digna y libre de represión.
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