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José Antonio Neme dejó una pregunta incómoda flotando en la televisión chilena: “¿Qué país ha democratizado Estados Unidos tras una intervención unilateral?”. La planteó durante el debate abierto por la intervención estadounidense en Venezuela y terminó encendiendo una discusión que va mucho más allá de un matinal.
La respuesta rigurosa no es “ninguno”.
Estados Unidos participó decisivamente en la reconstrucción democrática de Japón y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. En Japón, la ocupación encabezada por Washington introdujo reformas políticas, sociales y económicas y una nueva Constitución; Alemania también fue reconstruida bajo ocupación aliada con el objetivo explícito de desarrollar instituciones democráticas.
Pero comparar aquello con cada invasión posterior es borrar el contexto. Eran potencias derrotadas después de una guerra mundial, ocupadas por los Aliados dentro de una reorganización internacional excepcional.
La experiencia latinoamericana cuenta otra historia.
En Chile, los propios documentos históricos estadounidenses reconocen operaciones encubiertas para financiar oposición política durante el Gobierno de Salvador Allende. El golpe de 1973 terminó con 46 años de continuidad democrática y abrió la dictadura de Augusto Pinochet.
Guatemala también tenía desde 1944 un Gobierno democrático que impulsaba reformas cuando Jacobo Árbenz fue derrocado en 1954 con participación estadounidense; documentos posteriores del propio Departamento de Estado recogen que amplios sectores responsabilizaban a Washington del derrocamiento y la inestabilidad posterior.
Por eso la democracia no aterriza desde un bombardero.
Washington puede denunciar autoritarismos reales. Venezuela necesitaba elecciones libres e instituciones independientes y derechos políticos mucho antes de la intervención estadounidense.
Pero denunciar una dictadura no convierte automáticamente a una potencia extranjera en depositaria de la soberanía de otro pueblo.
Cuando los imperios prometen orden, conviene mirar también qué intereses económicos y militares y geopolíticos viajan detrás.
La historia demuestra que la soberanía paga después muchas decisiones tomadas desde fuera.
Las dictaduras deben terminar.
Pero los pueblos deben decidir qué viene después.