El gobierno portugués ha aprobado una ley que restringe el acceso gratuito al Sistema Nacional de Salud (SNS) para inmigrantes sin papeles y extranjeros no residentes, permitiéndolo únicamente en casos de emergencia médica.
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Esta medida, respaldada por la coalición conservadora Alianza Democrática y el partido ultraderechista Chega, ha generado controversia y críticas por parte de la oposición y sectores de izquierda, que la consideran potencialmente inconstitucional y discriminatoria.
La iniciativa se enmarca en un giro político del actual gobierno, liderado por el primer ministro Luís Montenegro, quien ha puesto la gestión de la inmigración y la seguridad ciudadana en el centro de su agenda. Recientemente, se llevó a cabo una operación policial en Lisboa contra actividades delictivas de inmigrantes, resultando en dos arrestos. Esta operación subraya la intención del ejecutivo de reforzar la seguridad y controlar la inmigración.
La ley aprobada establece que los inmigrantes irregulares solo podrán acceder a la sanidad pública en situaciones de urgencia médica. El diputado Miguel Guimarães, del Partido Social Demócrata (PSD), argumentó que la medida busca corregir lo que considera un «grave error» del gobierno anterior, que permitió el acceso gratuito al SNS para todos los ciudadanos del mundo.
Por su parte, André Ventura, líder de Chega, defendió la medida señalando que extranjeros de países con ingresos superiores a los de Portugal se desplazan al país para recibir tratamientos médicos, lo que considera un uso abusivo de los servicios de salud.
La oposición, especialmente el Partido Socialista, ha expresado su preocupación por la posible inconstitucionalidad de la ley y por el impacto que podría tener en la salud pública. La diputada Mariana Vieira da Silva reconoció que podrían haberse producido abusos, pero criticó la medida por no abordar adecuadamente el problema y por su posible impacto negativo en la salud de la población.
Esta reforma se produce en un contexto de creciente debate sobre la gestión de la inmigración y el acceso a los servicios públicos en Europa. Diversos países están revisando sus políticas migratorias y de salud, lo que refleja una tendencia hacia la restricción del acceso de los inmigrantes a los servicios públicos.
La implementación de esta ley en Portugal plantea preocupaciones sobre la salud pública y la equidad en el acceso a la atención médica. Limitar el acceso a la sanidad pública para inmigrantes sin papeles podría tener consecuencias negativas tanto para los individuos afectados como para la comunidad en general, al potencialmente aumentar la propagación de enfermedades y complicar la gestión de la salud pública.
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