Alfonsina 
Personas que observan los incendios en El Bolsón, Río Negro (Argentina). El Solidario/EFE/Gonzalo Keogan
La Patagonia argentina enfrenta una devastación sin precedentes: más de 50.000 hectáreas de bosques nativos han sido consumidas por incendios desde diciembre de 2024. Mientras las llamas arrasan con la biodiversidad y desplazan a comunidades enteras, surgen denuncias sobre intencionalidad de estos siniestros para favorecer la especulación inmobiliaria.
Provincias como Neuquén, Río Negro y Chubut son sido las más afectadas, con incendios que avanzan sobre áreas protegidas, incluyendo parques nacionales. La organización Greenpeace reporta que estos incendios han destruido una superficie equivalente al doble de la ciudad de Buenos Aires.
La legislación prohibía la venta y modificación del uso de suelo en tierras afectadas por incendios para prevenir negocios especulativos. Sin embargo, con la actual Ley Ómnibus legaliza la venta de tierras incendiadas con la derogación del artículo 517 de la Ley 27.604, promoviendo emprendimientos de tipo turístico y lotes privados.
Además, la desinversión estatal en prevención y combate de incendios ha limitado la capacidad de respuesta ante estas emergencias. La falta de recursos y personal especializado ha prolongado la duración y magnitud de los incendios que todavía persisten, exacerbando sus consecuencias ambientales y sociales.
Frente a esta crisis y a la ausencia del Estado de Milei, organizaciones y ciudadanos se han movilizado para brindar apoyo a las comunidades afectadas y exigir políticas efectivas de protección ambiental. Iniciativas como Ayuda Patagonia ofrecen información sobre cómo colaborar y aportar recursos para mitigar los daños causados por los incendios.
Por otra parte, la administración ha promovido el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios fiscales y aduaneros a proyectos de gran envergadura en sectores como la minería, hidrocarburos y energía. De modo que crece la preocupación entre ambientalistas, quienes temen que pueda fomentar actividades extractivas en áreas protegidas, poniendo en riesgo ecosistemas y recursos naturales.
Es fundamental que las autoridades refuercen las medidas de prevención y control de incendios, y que se garantice el fomento y el cumplimiento de las leyes que protegen nuestros ecosistemas. Debido a que la preservación de la Patagonia no solo es vital para Argentina, sino para el equilibrio ambiental global.
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